El gobierno ha propuesto una ley que prohibiría el consumo de golosinas en los colegios, en busca de un mayor control sobre la salud infantil. Con España a la cabeza de la Unión Europea en cifras de obesidad infantil, el proyecto de “Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición” pretende informar, coordinar e incentivar los buenos hábitos de consumo para erradicar la obesidad infantil. Pero al impedir que los niños compren libremente sus golosinas en los colegios, esta ley generaría por una parte, cierto malestar en algunas familias (que no lo consideran del todo el instrumento mas idóneo para el control), y por otra parte una previsión a la baja de la demanda, que afecta el sector de los dulces y las golosinas de un modo considerable y difícil de asumir en tiempos de crisis, por lo que esta ley puede representar la espada de Damocles para empresas del sector, que no se ajusten a los cambios de su entorno, por lo que serian precisos cambios en el modelo de negocio, mediante una nueva estrategia que permita la evolución del producto, su diversificación y/o todo lo necesario para mantenerse dentro del negocio de los dulces y las golosinas, por lo pronto en España.
Algunos sociólogos coinciden en que tanto la publicidad como el fácil acceso a productos hiper calóricos influyen sobre los malos hábitos de consumo que contribuyen a la obesidad, pero es claro que además de estos, existen otros elementos inherentes al problema de la obesidad, como son problemas hereditarios, el sedentarismo y el agitado ritmo de vida contemporáneo. Pero a pesar de todo ello, siguen siendo los niños los mas vulnerables a falta de educación, control y seguimiento y es un buen punto de partida intentar mejorar los hábitos de consumo desde el colegio. Por ello el gobierno insiste en la necesidad de una regulación que establezca una carta de navegación hacia una mejor nutrición de los niños y se apoya en que la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición puede proporcionar dicho norte hacia hábitos de consumo saludables, mas allá de una simple imposición, por medio de adecuados instrumentos de seguimiento y control. El dilema entre lo que es mejor, si prohibir o enseñar a la población a alimentarse balanceadamente se puede resolver con una combinación entre ambas cosas. Es posible una estrategia basada en incentivar tanto a empresas como consumidores a comer sano, de manera que estado, empresas, y familias hablen el mismo lenguaje para alcanzar tanto, un adecuado nivel de nutrición y salud de la población, como una estabilidad en las finanzas del sector. Para ello hay que tener en cuenta que la ley afecta un importante mercado objetivo. Por otra parte, la prohibición supone situar los dulces en el mismo nivel que el tabaco y las bebidas alcohólicas, impidiendo que productos que no cumplen los requerimientos nutricionales de los jóvenes, estén al alcance de la mano, por lo menos en los colegios. A diferencia del tabaco, el consumo de dulces esta generalizado en los niños por lo que representa una conducta socialmente tolerable y aceptada, en la que las campañas educativas e incentivas también juegan un importante papel. Si bien es cierto que el consumo de golosinas no representa un problema de igual envergadura que el tabaco, las drogas o el alcohol, también lo es que tiene importantes efectos sobre la salud de los niños.
Un proyecto de esta envergadura debe involucrar a los tres actores que intervienen en la problemática de la obesidad, es decir, el estado, las empresas y las familias. Para un mercado que el año pasado mostró un crecimiento del 1,2% respecto al 2008 solo en dulces con cerca de 1,4 miles de millones de euros facturados y de un sector del cual hacen parte no solo el regaliz y las gominolas sino también la mayoría de productos de bollería industrial, incluidas las galletas, habrá que reformular su propuesta de producto para que no dejen de cumplir con las condiciones de salud y nutrición. El estado puede incentivar a las industrias y al mismo tiempo promover una campaña educativa hacia las familias a largo plazo con resultados tangibles a corto plazo. La vía legislativa es un tipo de incentivo de los que castiga, pero es posible que ponga a disposición de los sectores involucrados todas la herramientas necesarias para el cumplimiento, como centros de investigación y medición, recursos e incentivos fiscales sobre resultados reales para su promoción y desarrollo. Recordemos que se trata de un importante sector con demanda interna y externa, donde invertir en diferenciar y desarrollar también es sano para la economía española, así que depende de la estrategia del regaliz, que los niños, quienes son precisamente los mas perjudicados, no pierdan los derechos de los que venían disfrutando: ponerse las botas cuando de comer dulces se trate.